El Gobierno de Colombia oficializó la prohibición total y sin excepciones de las exportaciones de carbón a Israel, una medida drástica en respuesta a lo que califica como "la persistencia de los actos bélicos en contra del pueblo palestino". El Decreto 0949 del 28 de agosto de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro y cuatro de sus ministros, argumenta que la restricción busca prevenir que los recursos naturales colombianos contribuyan a un "genocidio" y a la "máquina de guerra" de Israel en la Franja de Gaza. La normativa, que modifica un decreto anterior que permitía excepciones, estará vigente hasta que Israel cumpla las órdenes de la Corte Internacional de Justicia o cesen las condiciones que la motivaron. El Gobierno sustenta su decisión en el derecho internacional, los derechos humanos y su rol como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Según el decreto, entre octubre de 2023 y junio de 2025, las acciones de Israel han causado la muerte de al menos 55.637 palestinos.
La medida ha generado una fuerte reacción del sector minero.
El sindicato de Drummond (Sintramined) advirtió sobre un "futuro laboral incierto", alertando que la prohibición de un mercado tan preponderante "garantiza una inminente reducción de personal, despidos masivos y la precarización de las condiciones laborales". La Asociación Colombiana de Minería estima que la medida podría generar pérdidas anuales de 650 mil millones de pesos en regalías, afectando principalmente a los departamentos de La Guajira y Cesar. El Ministerio de Comercio ha defendido la decisión, argumentando que las exportaciones a Israel representan solo el 0.4% del total y que las empresas pueden buscar otros mercados.
En resumenEl gobierno de Gustavo Petro formalizó la prohibición total de exportaciones de carbón a Israel, citando razones humanitarias y de derecho internacional frente al conflicto en Gaza. La medida ha sido criticada por el sector minero, que advierte sobre un grave impacto económico y laboral en las regiones productoras de Colombia, mientras el Ejecutivo la defiende como una postura coherente con sus compromisos internacionales.