Esta decisión judicial representa un importante contrapeso al poder ejecutivo y subraya la tensión existente entre el Gobierno y la Rama Judicial. El fallo de tutela, que amparó los derechos al buen nombre y la honra del fiscal Burgos, establece que el presidente vulneró la presunción de inocencia del funcionario. Las declaraciones de Petro, realizadas en consejos de ministros televisados y en su cuenta de la red social X, acusaban a Burgos de pertenecer a una “mafia del narcotráfico” y de haber manipulado la investigación por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, al supuestamente excluir al sindicado Sebastián Marset. Estas afirmaciones surgieron en el contexto de la investigación que Burgos adelantaba contra Nicolás Petro, hijo del presidente. El juez advirtió en su fallo que “cuando las declaraciones públicas afectan derechos de terceros, el legítimo derecho a expresarse libremente debe ceder ante la presunción de inocencia”. La decisión ordena a Petro rectificar sus declaraciones en los mismos medios en que las emitió: una reunión televisada del Consejo de Ministros y su cuenta de X. El expresidente Francisco Barbosa celebró el fallo como un triunfo de la justicia, mientras que el presidente Petro aún puede impugnar la decisión ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.