El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, emitió una directiva con un decálogo de advertencias para evitar la participación indebida en política de los servidores públicos de cara a las elecciones de 2026. La medida busca garantizar la transparencia y la equidad en la contienda electoral, y refuerza el rol de la Procuraduría como órgano de control disciplinario. Durante el Congreso Nacional de Minería en Cartagena, Eljach fue enfático al advertir que “cada servidor público que se descarrile y rompa los límites de las prohibiciones e incurra en indebida participación en política recibirá inmediatamente la máxima sanción por mala conducta: la destitución más inhabilidad”. Esta advertencia se dirige a todos los funcionarios, desde alcaldes y gobernadores hasta el presidente de la República, recordándoles que tienen prohibido utilizar su cargo o recursos del Estado para apoyar campañas, presionar a subalternos o favorecer electoralmente a un candidato. Para reforzar el control, el Procurador anunció la creación de una segunda delegada para asuntos electorales, que se encargará de los aspectos técnicos y logísticos de los comicios. Esta medida se suma a la ya existente delegada para Asuntos Electorales, demostrando el compromiso de la entidad por garantizar un proceso electoral pacífico y transparente.
Eljach Pacheco también rechazó el uso de su nombre en redes sociales para hacer proselitismo, afirmando que “el Procurador General no está en venta, no cede a los halagos, ni las insinuaciones de beneficios y tampoco se acobarda”.
Con estas acciones, la Procuraduría busca fortalecer la institucionalidad democrática y asegurar que se respete el calendario electoral sin interferencias indebidas.
En resumenLa Procuraduría General ha lanzado una contundente advertencia a todos los funcionarios públicos para que se abstengan de participar en política, bajo la amenaza de la máxima sanción disciplinaria. Con la creación de una nueva delegada electoral y un decálogo de prohibiciones, el ente de control busca blindar las elecciones de 2026, fortaleciendo la transparencia y enviando un claro mensaje de que no tolerará el uso de cargos públicos para fines proselitistas.