Su doble rol como aspirante y representante de víctimas lo posiciona como una figura central en la polarización política de cara a 2026. La entrada de Iván Cepeda a la contienda presidencial ha estado marcada por la polarización. Durante una gira política en Tierralta, Córdoba, fue recibido por manifestantes con gritos de “¡Fuera Petro!”, lo que requirió la intervención de sus escoltas.

Este ambiente hostil refleja el rechazo que su figura, cercana al gobierno, genera en algunas regiones.

En el ámbito judicial, Cepeda ha pasado a la ofensiva.

Anunció una denuncia penal contra Álvaro Uribe, sus hijos Tomás y Jerónimo, y el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, por los presuntos delitos de calumnia, injuria, hostigamiento y amenazas. Según el senador, esta acción responde a una “campaña sistemática de persecución y difamación” en su contra, intensificada tras la condena en primera instancia contra el expresidente. Lo acusan de ser el “máximo jefe político de las Farc” y “determinador del narcotráfico”. Su precandidatura ha recibido respaldos significativos, como el de Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), presidente del partido Comunes, quien afirmó que Cepeda representa la continuidad en la defensa de la paz.

Sin embargo, también ha sido blanco de duras críticas.

El concejal Daniel Briceño lo calificó como el “candidato de las FARC”, mientras que el presentador Hernán Orjuela lo llamó “un mal tipo de verdad”.