Además, aclaró que se pueden seguir realizando encuestas de favorabilidad sobre el gobierno e instituciones, y que la única restricción temporal es sobre candidatos y el proceso electoral.

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La nueva ley que regula la realización y divulgación de encuestas electorales ha generado una fuerte controversia, llevando a la firma Invamer a publicar por primera vez en 30 años su tradicional sondeo sin datos. La norma, calificada por las encuestadoras como una “mordaza”, impone restricciones que, según ellas, encarecen las mediciones y limitan la información ciudadana. La Ley 2494, aprobada este año, ha transformado el panorama de las mediciones de opinión política en Colombia. Entre sus puntos más polémicos, prohíbe preguntar por intención de voto a la Presidencia antes del 31 de octubre de 2025 y establece nuevas condiciones para el tamaño y origen de las muestras, exigiendo incluir obligatoriamente a todos los municipios con más de 800.000 habitantes. Como respuesta, Invamer publicó un documento de cien páginas en blanco con la frase: “Lo sentimos, debido a la nueva ley que regula las encuestas, no nos es posible informarte cómo van las cosas en Colombia”. La empresa argumenta que las nuevas exigencias encarecen excesivamente la recolección de datos, convirtiendo las encuestas en “un privilegio privado de unos pocos”. Al ser un estudio financiado con recursos propios, Invamer señaló que no tiene la capacidad de ampliar la muestra al tamaño que exige la ley. El Gobierno, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, ha rechazado la idea de que se trate de una “mordaza”. Benedetti sostuvo que la ley fue producto de un consenso en el Congreso y que su objetivo es mejorar la representatividad de las mediciones. “Invamer no puede publicar su encuesta no porque esté prohibido opinar, sino porque la norma busca que se midan municipios pequeños, medianos y grandes, no solo las grandes ciudades”, explicó.
Además, aclaró que se pueden seguir realizando encuestas de favorabilidad sobre el gobierno e instituciones, y que la única restricción temporal es sobre candidatos y el proceso electoral.
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