
Condena a menor por asesinato de Miguel Uribe Turbay genera debate sobre justicia juvenil
La justicia colombiana ha impuesto una sanción de siete años de privación de libertad a un menor de 15 años por su participación en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La condena ha generado un intenso debate nacional sobre la proporcionalidad de las penas para menores y su instrumentalización por parte de grupos criminales. La decisión, proferida por un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), corresponde a una de las sanciones más altas que permite la ley para menores de edad, cuyo máximo es de ocho años. El joven, conocido como alias ‘Tianz’, aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas tras el atentado del 7 de junio. La condena implica su reclusión en un centro de atención especializado del ICBF. La sanción ha sido ampliamente criticada por diversos sectores políticos y por la familia de la víctima, quienes la consideran insuficiente frente a la gravedad del magnicidio. El abogado de la familia, Víctor Mosquera, expresó que “esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado”, y añadió que la ley actual “incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”. En la misma línea, congresistas del Centro Democrático y otros partidos han calificado la pena como una “completa vergüenza” y han anunciado la radicación de proyectos de ley que buscan endurecer las sanciones para menores que cometan delitos graves, proponiendo que sean juzgados bajo el código penal ordinario. El representante Andrés Forero advirtió que las estructuras criminales se aprovechan de estas diferencias legales, lo que “constituye un incentivo para que recluten a estos menores”. El caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de reformar el Código de Infancia y Adolescencia para establecer penas más severas en crímenes de alto impacto.



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