Según las investigaciones, Name habría recibido 3.000 millones, mientras que Calle habría obtenido 1.000 millones.

La decisión de la Corte Suprema se fundamenta en un robusto acervo probatorio que incluye pruebas técnicas y las declaraciones de Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirectivos de la UNGRD que se han convertido en testigos clave del entramado. La Sala de Instrucción consideró que existen indicios suficientes para que los dos congresistas, quienes se encuentran bajo medida de aseguramiento en la cárcel La Picota desde mayo, enfrenten un juicio en la Sala Especial de Primera Instancia. La Corte calificó las presuntas conductas como de “significativa gravedad”, argumentando que los aforados “utilizaron su poder político para ejecutar presuntamente delitos” y que no se excluye “su futura reiteración”. Este paso judicial no solo define el futuro de dos de las figuras más visibles del legislativo en el último año, sino que también profundiza la crisis de confianza en las instituciones y pone a prueba la capacidad del sistema judicial para sancionar la corrupción al más alto nivel.