Las autoridades no tienen registro oficial de su salida del país, pero su inasistencia a las diligencias judiciales ha llevado a la Fiscalía a considerarlo un prófugo. La investigación lo señala de haber recibido una coima de 3.000 millones de pesos y de participar en la modificación de un convenio por $100.000 millones entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras.

Este es el segundo exfuncionario del actual gobierno buscado internacionalmente por este caso, junto a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, quien recibió asilo político en Nicaragua.

La Fiscalía también está a la espera de una respuesta de Interpol sobre la solicitud de notificación roja contra González, radicada el 4 de julio.