La decisión ha generado diversas reacciones.

Su defensa, encabezada por los abogados Jaime Lombana y Jaime Granados, la califica como un acto de transparencia para que la justicia falle sin afanes. Por otro lado, el senador Iván Cepeda, víctima reconocida en el proceso, la consideró una "estratagema" y "algo más de imagen que de otra cosa", argumentando que Uribe busca dilatar una decisión de segunda instancia para poder hacer campaña política en libertad. El abogado Miguel Ángel del Río la calificó como un "cálculo electoral" para evitar que un fallo adverso impacte las elecciones de 2026. Juristas señalan que, aunque la renuncia tiene un fuerte impacto político, su efecto legal solo sería vinculante una vez se configure el derecho a la prescripción.