En una carta conjunta, los exministros Ángela María Orozco, Germán Cardona, José Antonio Ocampo, Juan Carlos Echeverry, José Manuel Restrepo y Juan Camilo Restrepo, señalaron que regular esta materia es competencia exclusiva del Congreso y no del Ejecutivo.

Advierten que el proyecto desconoce normas del Estatuto Orgánico de Presupuesto y contradice un control de advertencia de la Contraloría, que estipula que las vigencias futuras pactadas en contratos no pueden modificarse unilateralmente. Los firmantes alertan sobre posibles faltas disciplinarias y fiscales para los funcionarios que expidan el decreto, así como un alto riesgo de demandas por parte de concesionarios. Una de las paradojas señaladas es que la medida podría dejar en el limbo el único gran proyecto vial del actual gobierno, la vía El Estanquillo-Popayán, financiada en un 97% con vigencias futuras. La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) también se sumó a las críticas, manifestando que la medida "pondría en dificultades la financiación a largo plazo". Los exministros concluyeron pidiendo al Gobierno abstenerse de expedir el decreto para no generar un "clima de incertidumbre y desconfianza" que afectaría la presentación de ofertas en futuras licitaciones.