Una ponencia final en el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluye que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 excedió los topes de financiación por más de 3.500 millones de pesos. La propuesta, que será debatida en Sala Plena, plantea sanciones económicas sin precedentes contra directivos de la campaña y partidos de la coalición. Tras más de dos años de investigación, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada radicaron una ponencia que afirma que la campaña "Petro Presidente 2022" superó los límites de gastos permitidos por la ley. El documento de más de 600 páginas detalla que el sobrepaso en primera vuelta fue de $3.709 millones y en segunda vuelta de $1.646 millones. Como consecuencia, se proponen multas solidarias que superan los $5.900 millones para el gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, la tesorera Lucy Aydee Mogollón y la auditora María Lucy Soto.
Adicionalmente, se sancionaría a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica con multas individuales.
Este caso marca un hito en la historia colombiana, al ser la primera vez que una campaña presidencial en ejercicio es objeto de una sanción formal por esta causa. El expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, explicó las posibles consecuencias penales y políticas, señalando que la situación "no se va a quedar en la mera sanción administrativa, sino que además va a tener un alcance penal". Arrubla también aclaró que, debido al fuero presidencial, el CNE no puede sancionar directamente a Petro, y el proceso debe seguir a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Según el exmagistrado, "el que se vuela los topes de campaña tiene como sanción la pérdida del cargo, y en el caso del presidente, la aplica el Senado de la República". La decisión final en el CNE requiere una mayoría de seis votos, y las cuentas preliminares sugieren un resultado dividido de cinco a favor y tres en contra.
En resumenLa ponencia del CNE que establece una violación de topes en la campaña presidencial de Gustavo Petro por más de $3.500 millones abre un complejo panorama político y judicial. Se proponen multas millonarias para el gerente Ricardo Roa y los partidos del Pacto Histórico, aunque el presidente Petro queda fuera del proceso por su fuero. Este caso sin precedentes podría escalar a la Comisión de Acusaciones y al Senado, con potenciales consecuencias penales y la posible pérdida del cargo para el mandatario.