Esta medida representa un endurecimiento significativo en la postura del Gobierno frente a los principales grupos armados del país.

El anuncio se produjo desde Valledupar, horas después de los atentados en Cali y Amalfi.

El presidente Petro afirmó que estos grupos conforman una “junta del narcotráfico” y, por sus acciones contra la población civil, deben ser “perseguibles en cualquier lugar del planeta, incluida Bogotá”.

Esta recalificación implica un cambio en la narrativa oficial, que previamente había buscado vías de diálogo bajo la política de 'Paz Total', y ahora adopta una terminología de confrontación directa. Petro solicitó a la comunidad internacional adoptar esta misma designación y anunció que pedirá a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado iniciar procesos ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra los líderes de estas organizaciones por crímenes de lesa humanidad. La decisión fue interpretada por analistas y opositores como el reconocimiento tácito del fracaso de la 'Paz Total', al evidenciar que los grupos armados utilizaron los espacios de diálogo para fortalecerse. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respaldó la medida, calificando el atentado en Cali como “un crimen de lesa humanidad que no prescribe en el tiempo”. La medida no se extendió a la facción de alias 'Calarcá', responsable del ataque en Amalfi, a pesar de que este grupo también mantiene una negociación abierta con el gobierno.