Corte Suprema abre investigación formal contra el representante David Racero

La investigación se centra en dos líneas principales.

Primero, se indagan las circunstancias que rodearon consignaciones de dinero realizadas a las cuentas personales de Racero por parte de integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Segundo, se investiga si un funcionario de su despacho fue asignado a tareas en un negocio particular del congresista, específicamente un fruver (mercado de frutas y verduras) de su familia.

El magistrado instructor del caso, César Augusto Reyes, ha estado practicando pruebas y recopilando declaraciones, y próximamente fijará una fecha para escuchar a Racero en diligencia de indagatoria.

El caso se originó a partir de revelaciones periodísticas que expusieron audios y chats donde presuntamente se evidenciaban estas irregularidades. En paralelo, el Consejo de Estado admitió una demanda de pérdida de investidura contra el representante por los mismos hechos, y la Procuraduría también adelanta una investigación por presunto tráfico de influencias relacionado con nombramientos en el SENA.

Racero ha negado las acusaciones, calificándolas como una "persecución política" y una violación a sus comunicaciones privadas, argumentando que buscan "lincharlo" mediáticamente.

Sin embargo, el avance del proceso en la Corte Suprema marca un punto de inflexión que podría tener consecuencias en su carrera política y en la imagen del Pacto Histórico.