El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció ser víctima de interceptaciones telefónicas ilegales por parte de la Fiscalía General de la Nación, en un hecho que calificó como "muy grave para la democracia" y un acto de "persecución política". Las "chuzadas" a su celular se habrían extendido por 71 días, entre el 14 de mayo y el 23 de julio, y también habrían afectado a varios de sus colaboradores cercanos. Las interceptaciones se enmarcan en la investigación que se adelanta contra Rendón por presuntas irregularidades en la construcción de dos Centros de Atención Inmediata (CAI) cuando fue alcalde de Rionegro (2016-2019). Sin embargo, el gobernador, una de las principales figuras de la oposición al gobierno Petro, sostiene que el proceso es una instrumentalización de la justicia con fines ideológicos. "¿Cuál es el objetivo de espiar mis comunicaciones, de atentar contra mi intimidad? ", cuestionó Rendón, quien además recusó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por afirmar públicamente que él tenía una imputación en su contra, cuando el proceso aún se encuentra en etapa de indagación.
El mandatario departamental sugirió que existe un plan para sacarlo del cargo y "permitirle a Petro usurpar mi cargo y poner gobernador de bolsillo de cara al 2026". La defensa de Rendón y el partido Centro Democrático han señalado que el caso judicial se reactivó con celeridad inusitada tras la llegada de Camargo a la Fiscalía y después de que Rendón criticara un evento del presidente Petro en Medellín.
Una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá calificó inicialmente las interceptaciones como "desproporcionadas", aunque posteriormente una sala de dos magistrados las avaló.
Este episodio evidencia una profunda fractura entre un poder regional clave y el sistema judicial nacional.
En resumenLa denuncia de interceptaciones ilegales por parte del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, escala el conflicto político entre la oposición regional y la Fiscalía, planteando serias dudas sobre el uso de la justicia como herramienta de persecución y debilitando la confianza en las instituciones.
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