Un fuerte enfrentamiento político ha estallado entre los 32 gobernadores del país y el Gobierno Nacional por el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR). La Federación Nacional de Departamentos (FND), presidida por el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, denunció que un concepto del Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha congelado la inversión de más de 28 billones de pesos, afectando directamente la ejecución de los planes de desarrollo regionales. Los mandatarios departamentales, reunidos en una asamblea extraordinaria, acusaron al gobierno de Gustavo Petro de mantener un "doble discurso" sobre la autonomía territorial. Afirman que, mientras se promueve la descentralización, en la práctica se imponen decretos y resoluciones que "paralizan las inversiones" y "cercenan la autonomía".
Zuleta Bechara fue enfático al señalar: "Llevamos año y medio intentando trabajar de manera articulada con el Gobierno, pero ha sido imposible".
La FND exigió la derogatoria inmediata del concepto del DNP, al que consideran un "golpe directo" a las finanzas territoriales.
La controversia se agudiza en departamentos como Córdoba, donde proyectos prioritarios como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) estarían en riesgo al no poder financiarse con regalías. Los gobernadores también manifestaron su inconformidad por la carga financiera adicional que, según ellos, el Ministerio de Salud ha trasladado a los departamentos, estimada en más de 500.000 millones de pesos. Además de las disputas financieras, los mandatarios hicieron un llamado urgente al Gobierno para que garantice la seguridad y el control territorial de cara a las próximas elecciones. Este pronunciamiento unificado de todos los gobernadores evidencia un profundo distanciamiento con el Ejecutivo y anticipa un intenso debate sobre el modelo de descentralización y la gestión de los recursos públicos en el país.
En resumenLa denuncia de los 32 gobernadores sobre el bloqueo de 28 billones de pesos en regalías por parte del Gobierno Nacional evidencia una grave crisis de gobernabilidad y un choque de poder entre el nivel central y las regiones, amenazando la ejecución de planes de desarrollo y la autonomía territorial.