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El escándalo de corrupción en la UNGRD ha escalado a una crisis diplomática después de que el régimen de Nicaragua otorgara asilo político a Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y figura clave del gobierno Petro, quien se encuentra prófugo de la justicia colombiana. La decisión, que en la práctica niega la extradición solicitada por Colombia, ha generado un contundente rechazo del Gobierno Nacional y ha puesto en evidencia presuntas complicidades dentro de la embajada colombiana en Managua. González, imputado por cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos, obtuvo la residencia en Nicaragua en mayo de 2025 con la ayuda de Óscar Muñoz, el encargado de Negocios de la Embajada de Colombia en Managua. Según las denuncias, González vivió entre 2024 y 2025 en la residencia oficial de la embajada junto a Muñoz y al entonces embajador León Freddy Muñoz, hoy senador del Partido Verde. Ante esta situación, la Procuraduría inició una inspección en la Cancillería para investigar el rol de los diplomáticos. El Gobierno colombiano, a través de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, manifestó no compartir la decisión de Nicaragua, argumentando que el asilo no aplica para delitos comunes y que la medida desconoce el tratado de extradición de 1929.
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En un comunicado, solicitó a Nicaragua "reconsiderar su decisión para revocar dicha protección internacional".
El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la negativa como un acto "inamistoso y agresivo". Por su parte, el presidente Petro atribuyó la decisión a su mala relación con Daniel Ortega, a quien acusa de traicionar a los sandinistas, y al pasado de González como combatiente del M-19 en Nicaragua.
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"Mientras no se nos suministre la información correspondiente no se puede avanzar", fue otra de las advertencias de la Corte al Congreso.
RCN Radio
Asegura que actualmente hay más de 300 mil hectáreas de coca sembradas.
La FM
Asegura que actualmente hay más de 300 mil hectáreas de coca sembradas.
RCN Radio
El asesinato de 13 policías en Antioquia y la muerte de al menos seis civiles tras un ataque con explosivos a una instalación militar en Cali ponen de nuevo al orden público como centro del debate
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