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Crisis de seguridad nacional por atentados terroristas en Cali y Amalfi

El Gobierno Nacional enfrenta una grave crisis de orden público tras los atentados terroristas coordinados en Cali y Amalfi, que dejaron un saldo de al menos 18 muertos, entre civiles y policías, y decenas de heridos. Esta escalada de violencia ha reavivado el debate sobre la efectividad de la política de "paz total" y ha forzado al Ejecutivo a revaluar su estrategia de seguridad. El presidente Gustavo Petro atribuyó los ataques a una represalia de estructuras del narcotráfico, específicamente del Estado Mayor Central (EMC) y el Clan del Golfo, tras los golpes militares propinados a la columna "Carlos Patiño" en el Cañón del Micay.

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Calificó los hechos como "una masacre brutal y de terror" y anunció que su Gobierno declarará a estas organizaciones como "terroristas", solicitando que sean perseguidas a nivel internacional. Como respuesta inmediata, el presidente descartó decretar la conmoción interior, una medida que había sido contemplada por su ministro del Interior, Armando Benedetti, y en su lugar ordenó un "plan de copamiento militar territorial" en zonas estratégicas del suroccidente, como Suárez, Buenos Aires y Jamundí, además de mantener un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente en Cali. La decisión de no usar el estado de excepción fue justificada por Petro al afirmar que "ya tenemos los instrumentos". La ofensiva militar, sin embargo, ha sido criticada por diversos sectores políticos y de opinión.

Figuras como el expresidente Álvaro Uribe y el jefe del Partido Liberal, César Gaviria, han calificado la política de "paz total" como un fracaso que ha envalentonado a los grupos criminales.

Gremios empresariales como la ANDI y Fenalco se sumaron a las críticas, exigiendo al Gobierno "contundencia para evitar estos hechos".

La crisis ha generado una respuesta unificada de rechazo, pero también ha profundizado la polarización sobre el manejo de la seguridad en el país.

ai briefingEn resumen
La respuesta del Gobierno a los atentados en Cali y Amalfi marca un giro hacia una estrategia militar más ofensiva, mientras enfrenta una creciente presión política y social que cuestiona el fracaso de su política de "paz total" y exige acciones contundentes para restablecer el orden público.

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