Calificó los hechos como "una masacre brutal y de terror" y anunció que su Gobierno declarará a estas organizaciones como "terroristas", solicitando que sean perseguidas a nivel internacional. Como respuesta inmediata, el presidente descartó decretar la conmoción interior, una medida que había sido contemplada por su ministro del Interior, Armando Benedetti, y en su lugar ordenó un "plan de copamiento militar territorial" en zonas estratégicas del suroccidente, como Suárez, Buenos Aires y Jamundí, además de mantener un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente en Cali. La decisión de no usar el estado de excepción fue justificada por Petro al afirmar que "ya tenemos los instrumentos". La ofensiva militar, sin embargo, ha sido criticada por diversos sectores políticos y de opinión.
Figuras como el expresidente Álvaro Uribe y el jefe del Partido Liberal, César Gaviria, han calificado la política de "paz total" como un fracaso que ha envalentonado a los grupos criminales.
Gremios empresariales como la ANDI y Fenalco se sumaron a las críticas, exigiendo al Gobierno "contundencia para evitar estos hechos".
La crisis ha generado una respuesta unificada de rechazo, pero también ha profundizado la polarización sobre el manejo de la seguridad en el país.