La Fiscalía acusa a González de desviar al menos 4.000 millones de pesos para sobornar a congresistas a cambio de apoyo a las reformas del Gobierno, además de imputarle cargos por cohecho, peculado y lavado de activos. Paralelamente, la Procuraduría abrió una indagación para determinar si funcionarios de la Cancillería colombiana colaboraron en la obtención de la residencia de González en Nicaragua, utilizando presuntamente la casa oficial de la embajada. El caso ha generado una crisis diplomática y de gobernabilidad, afectando la imagen del partido Alianza Verde, del cual González fue presidente, y exponiendo presuntas redes de corrupción en altas esferas del poder.