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Gobierno Petro ordena licitar Canal 1 y desata controversia sobre libertad de prensa

El presidente Gustavo Petro ha ordenado al Ministerio de las TIC iniciar un nuevo proceso de licitación para el Canal 1, a pesar de que la concesión actual está vigente hasta 2037. La decisión, calificada como un “atentado contra la libertad de prensa” por gremios y periodistas, abre un debate sobre la seguridad jurídica y la independencia de los medios en el país. Durante un consejo de ministros, el presidente Petro justificó la medida argumentando la necesidad de una “nueva forma de manejar la televisión, que no es del gobierno, pero tampoco del potentado económico”, y que debe estar en manos de “la juventud, la cultura y el arte”. Además, afirmó que existen “irregularidades” en la concesión actual, operada por Plural Comunicaciones SAS, aunque no especificó cuáles.

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La respuesta del canal fue inmediata.

Su presidente, Ramiro Avendaño, calificó la orden como un “matoneo sistemático” y un “atentado contra los derechos humanos”.

Avendaño recordó que la concesión, firmada en 2017, fue extendida por ley hasta 2037.

“No existe sustento jurídico para lo que solicita el Presidente”, declaró.

La controversia se enmarca en investigaciones previas del MinTIC sobre presuntas modificaciones en la composición accionaria de Plural Comunicaciones sin la debida autorización. Sin embargo, la empresa sostiene que dichos cambios son legales y que la Superintendencia de Sociedades ya ha confirmado que no requerían aval. Figuras como el periodista Luis Carlos Vélez y el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, han calificado la medida de “expropiación” y “atentado contra la democracia”, respectivamente. La discusión pone en tensión el respeto a los contratos vigentes y la visión del Gobierno sobre el rol de los medios de comunicación, generando incertidumbre en el sector.

ai briefingEn resumen
La orden del presidente Petro de licitar el Canal 1 ha generado una fuerte reacción de sectores mediáticos y empresariales, que la consideran un ataque a la libertad de prensa y una violación a la seguridad jurídica. Mientras el Gobierno alega irregularidades y la necesidad de un nuevo modelo de televisión, el operador actual defiende la legalidad de su concesión vigente hasta 2037, dejando el futuro del canal en un limbo político y legal.

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