La respuesta del canal fue inmediata.

Su presidente, Ramiro Avendaño, calificó la orden como un “matoneo sistemático” y un “atentado contra los derechos humanos”.

Avendaño recordó que la concesión, firmada en 2017, fue extendida por ley hasta 2037.

“No existe sustento jurídico para lo que solicita el Presidente”, declaró.

La controversia se enmarca en investigaciones previas del MinTIC sobre presuntas modificaciones en la composición accionaria de Plural Comunicaciones sin la debida autorización. Sin embargo, la empresa sostiene que dichos cambios son legales y que la Superintendencia de Sociedades ya ha confirmado que no requerían aval. Figuras como el periodista Luis Carlos Vélez y el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, han calificado la medida de “expropiación” y “atentado contra la democracia”, respectivamente. La discusión pone en tensión el respeto a los contratos vigentes y la visión del Gobierno sobre el rol de los medios de comunicación, generando incertidumbre en el sector.