Reforma pensional en vilo por advertencia de la Corte Constitucional sobre vicios de trámite

El futuro de la reforma pensional, una de las iniciativas legislativas más importantes del gobierno Petro, pende de un hilo tras la publicación de un auto de la Corte Constitucional que advierte sobre nuevos vicios de trámite. El alto tribunal señaló que la Cámara de Representantes no corrigió adecuadamente los errores procedimentales, lo que podría llevar a que la ley sea declarada inexequible. La controversia se centra en el Auto 841 de 2025, donde la Corte, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, especificó que no bastaba con acoger en bloque el texto aprobado por el Senado, sino que era necesario un debate y votación artículo por artículo. La Cámara, en sesiones extraordinarias convocadas en junio, aprobó la reforma basándose únicamente en un comunicado de prensa de la Corte, sin conocer el contenido completo del auto, lo que, según la oposición, vició nuevamente el proceso. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, radicó una solicitud formal para que se declare la inconstitucionalidad de la norma, afirmando: “Del afán no queda sino el cansancio. Se les dijo, se les advirtió a los del Gobierno Nacional que no siguieran torpedeando la reforma pensional, que va a volver a caerse”. En contraste, la Procuraduría General emitió un concepto en el que respalda la actuación del Congreso, considerando que sí se subsanaron los vicios. Ahora, la Sala Plena de la Corte deberá tomar una decisión final, que podría implicar el hundimiento de la reforma, su devolución al Congreso para un nuevo trámite, o una nueva oportunidad para su corrección.

En resumen

La reforma pensional enfrenta una encrucijada jurídica que amenaza su implementación. La decisión final de la Corte Constitucional no solo definirá el futuro del sistema pensional, sino que también sentará un precedente sobre el equilibrio de poderes y los límites del procedimiento legislativo en Colombia, afectando directamente una de las principales banderas sociales del gobierno.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más?

Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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