El asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y el atentado contra el representante Julio César Triana han elevado al máximo la tensión entre el gobierno de Gustavo Petro y la oposición, en un cruce de acusaciones sobre la responsabilidad en el deterioro de la seguridad y el clima de polarización. Mientras la oposición denuncia falta de garantías, el presidente critica lo que considera una instrumentalización política del dolor. Tras el atentado contra Triana, congresistas de diversos partidos y el presidente del Senado, Lidio García, convocaron a una cumbre urgente con el gobierno y la cúpula militar para diseñar un plan de protección de cara a las elecciones de 2026. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó el ataque a disidencias de ‘Iván Mordisco’ y anunció un refuerzo de la seguridad. Sin embargo, la oposición ha ido más allá de las críticas a la gestión de seguridad. El expresidente Álvaro Uribe, en un discurso leído en el funeral de Uribe Turbay, acusó al presidente Petro de instigar la violencia con su “verbo incendiario”.
Esta afirmación fue secundada por el alcalde Federico Gutiérrez.
Petro, por su parte, rechazó estas imputaciones y declaró que se defenderá del “odio político”.
En un discurso en Boyacá, afirmó que en los homenajes a Uribe Turbay sonaron “las palabras de la venganza” y se busca que “los colombianos se maten entre sí”. Este enfrentamiento verbal evidencia una profunda fractura en el diálogo político, donde la violencia se ha convertido en el principal punto de la agenda, erosionando la confianza y dificultando la búsqueda de consensos.
En resumenLa reciente ola de violencia contra líderes políticos ha intensificado la confrontación entre el gobierno y la oposición. Las acusaciones mutuas sobre la incitación al odio y la falta de garantías de seguridad no solo profundizan la polarización, sino que también plantean un serio desafío para la estabilidad democrática y el desarrollo de un proceso electoral pacífico en 2026.