Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron el crimen y exigieron al Estado colombiano reforzar la protección a líderes políticos. En el ámbito nacional, la tragedia se convirtió en un catalizador de la confrontación. Figuras de la oposición, como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, responsabilizaron políticamente al gobierno, afirmando: “si Petro no fuera el presidente, Miguel estaría vivo”. Esta narrativa fue respaldada por el padre de la víctima, Miguel Uribe Londoño, quien en un emotivo discurso calificó el hecho como un “delito de lesa humanidad” y denunció la “instigación de la venganza inducida por el Presidente”. Por su parte, el presidente Gustavo Petro rechazó estas acusaciones, calificándolas de “odio político” y criticó que los homenajes se usaran para incitar a la violencia. El mandatario lamentó el suceso, asegurando: “nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros”. La Fiscalía ha imputado a cuatro personas por homicidio agravado y ha solicitado que el crimen sea declarado de lesa humanidad, mientras se investiga la presunta participación de la Segunda Marquetalia.