Caso Carlos Ramón González desata crisis política y diplomática para el gobierno Petro
La situación del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, prófugo en Nicaragua, ha escalado hasta convertirse en una grave crisis para el gobierno de Gustavo Petro, generando un intenso enfrentamiento político interno y tensiones diplomáticas. La revelación de que la embajada colombiana en Managua gestionó su residencia el mismo día de su imputación por corrupción ha puesto en duda la coherencia del discurso oficial contra la impunidad. El escándalo estalló tras conocerse que González, una figura clave en el caso de corrupción de la UNGRD, no solo se encontraba en Nicaragua, sino que habría recibido ayuda de funcionarios diplomáticos para regularizar su estatus migratorio. A pesar de que el presidente Gustavo Petro negó inicialmente cualquier participación, declarando: “Yo no protejo amigotes que se roban la plata, siempre he pedido que vayan a la cárcel”, la evidencia de una nota verbal firmada por el encargado de negocios, Óscar Muñoz, contradijo la versión oficial. Esto obligó al mandatario a cambiar de postura y anunciar que solicitará formalmente la entrega de González a la justicia colombiana. La controversia se intensificó con las declaraciones del exembajador y ahora senador León Fredy Muñoz, quien admitió haber facilitado el ingreso de González al país, aunque antes de que existiera una orden de captura. La situación ha sido capitalizada por la oposición; la precandidata Claudia López arremetió contra Petro con la frase “Tras de ladrones, bufones”, acusándolo de traicionar la confianza ciudadana. Petro respondió desvinculándose de González y señalando que este y otros implicados provenían del núcleo político de López en la Alianza Verde. La Procuraduría ya ha abierto una investigación para determinar la responsabilidad de los funcionarios de la Cancillería, mientras la Fiscalía espera que Interpol emita la circular roja para su captura, un trámite que presenta demoras inusuales.



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