Caso Carlos Ramón González desata crisis política y diplomática para el gobierno Petro

La situación del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, prófugo en Nicaragua, ha escalado hasta convertirse en una grave crisis para el gobierno de Gustavo Petro, generando un intenso enfrentamiento político interno y tensiones diplomáticas. La revelación de que la embajada colombiana en Managua gestionó su residencia el mismo día de su imputación por corrupción ha puesto en duda la coherencia del discurso oficial contra la impunidad. El escándalo estalló tras conocerse que González, una figura clave en el caso de corrupción de la UNGRD, no solo se encontraba en Nicaragua, sino que habría recibido ayuda de funcionarios diplomáticos para regularizar su estatus migratorio. A pesar de que el presidente Gustavo Petro negó inicialmente cualquier participación, declarando: “Yo no protejo amigotes que se roban la plata, siempre he pedido que vayan a la cárcel”, la evidencia de una nota verbal firmada por el encargado de negocios, Óscar Muñoz, contradijo la versión oficial. Esto obligó al mandatario a cambiar de postura y anunciar que solicitará formalmente la entrega de González a la justicia colombiana. La controversia se intensificó con las declaraciones del exembajador y ahora senador León Fredy Muñoz, quien admitió haber facilitado el ingreso de González al país, aunque antes de que existiera una orden de captura. La situación ha sido capitalizada por la oposición; la precandidata Claudia López arremetió contra Petro con la frase “Tras de ladrones, bufones”, acusándolo de traicionar la confianza ciudadana. Petro respondió desvinculándose de González y señalando que este y otros implicados provenían del núcleo político de López en la Alianza Verde. La Procuraduría ya ha abierto una investigación para determinar la responsabilidad de los funcionarios de la Cancillería, mientras la Fiscalía espera que Interpol emita la circular roja para su captura, un trámite que presenta demoras inusuales.

En resumen

El caso de Carlos Ramón González ha expuesto al gobierno Petro a acusaciones de encubrimiento y ha deteriorado la confianza en sus instituciones diplomáticas. La gestión de esta crisis, incluyendo la solicitud de entrega a Nicaragua y las investigaciones internas, será determinante para la credibilidad de su lucha contra la corrupción y podría tener un impacto significativo en la polarización política de cara a las elecciones de 2026.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más?

Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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