Corte Suprema condena a exdirector de la Policía Rodolfo Palomino por tráfico de influencias
La Corte Suprema de Justicia ha proferido sentido de fallo condenatorio contra el general (r) Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, por el delito de tráfico de influencias de servidor público. La decisión, tomada en primera instancia por la Sala de Primera Instancia del alto tribunal, representa un significativo golpe a la corrupción en las altas esferas de la fuerza pública. El general Palomino fue hallado culpable de utilizar su cargo para interceder e interferir en la captura del ganadero Luis Gonzalo Gallo, investigado por presunto despojo de tierras en alianza con paramilitares en Córdoba. Los hechos se remontan a 2014, cuando Palomino, siendo director de la Policía, visitó a la fiscal del caso, Sonia Lucero Velásquez, para "sugerirle" o invitarla a una "reflexión" sobre la orden de captura contra Gallo, a quien describió como un hombre con "poder" y cercano a varios expresidentes. La fiscal grabó la conversación, prueba que la Corte consideró legal y reveladora. La Sala calificó la visita del general como "inusual" y dio plena credibilidad al testimonio de la fiscal. La sentencia íntegra será leída el próximo 14 de agosto, momento en el que se definirá la pena, que podría oscilar entre 5 y 12 años de prisión, y si esta deberá cumplirse en un centro carcelario. Por ahora, el general (r) Palomino continuará en libertad hasta la audiencia de individualización de pena, y la sentencia es apelable ante la Sala de Casación Penal de la misma Corte.



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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.






