Sostienen que no se acreditó que Uribe hubiera dado instrucciones para presionar o sobornar a testigos.

Por su parte, la Procuraduría, en un escrito de 81 páginas, afirmó que la sentencia se basa en "conjeturas" y carece de pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del expresidente. El Ministerio Público también cuestionó la validez de las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado Diego Cadena, considerándolas una violación al secreto profesional. El caso ahora está en manos de tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quienes deberán resolver la apelación antes del 16 de octubre, fecha en que el proceso podría prescribir. Mientras tanto, un juez de Rionegro negó un recurso de habeas corpus que buscaba la libertad inmediata de Uribe, calificándolo de carente de fundamento legal.