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Amenazas de muerte contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, encienden alarmas

La seguridad de altos funcionarios en Colombia vuelve a estar en el centro del debate tras revelarse un presunto plan criminal para atentar contra la vida del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, su secretario de Seguridad, Manuel Villa, y varios concejales de la ciudad. Las amenazas, atribuidas a disidencias de las FARC y a estructuras criminales del Valle de Aburrá, han generado una fuerte reacción política y la exigencia de medidas de protección urgentes por parte del Gobierno Nacional. El alcalde Gutiérrez confirmó la existencia de las amenazas y denunció que, paradójicamente, el Gobierno Nacional redujo su esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en más del 60% el año pasado, justo cuando se conocieron los planes en su contra. "La reacción del Gobierno nacional fue desmontar el esquema de seguridad", manifestó Gutiérrez, quien criticó la falta de fortalecimiento a la fuerza pública y aseguró que continuará su combate frontal contra la criminalidad. La concejal Claudia Carrasquilla, quien también figura entre los amenazados, formalizó la denuncia ante la Fiscalía, detallando que se habría destinado un presupuesto de hasta 8 millones de dólares para ejecutar los atentados. La situación ha provocado la solidaridad de otros mandatarios, como el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien exigió al Gobierno Nacional actuar de inmediato para garantizar la seguridad de Gutiérrez.

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"Los colombianos no podemos permitir que la violencia política se vuelva paisaje", afirmó Eder.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) también rechazó el plan criminal, calificándolo como un ataque directo contra la democracia y el Estado de Derecho.

ai briefingEn resumen
Las graves amenazas contra el alcalde Federico Gutiérrez y otros funcionarios de Medellín evidencian el persistente poder de las estructuras criminales y la alta vulnerabilidad de los líderes políticos en el país. La denuncia sobre la reducción de su esquema de seguridad agrava la situación y pone de relieve la necesidad de una respuesta contundente y coordinada del Estado para proteger la vida y la institucionalidad.

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