Crece tensión diplomática entre Colombia y Perú por disputa de la isla Santa Rosa

La disputa por la soberanía de la isla Santa Rosa en el río Amazonas ha escalado la tensión diplomática entre Colombia y Perú, con una serie de incidentes que incluyen la detención de ciudadanos colombianos y actos simbólicos de reclamo territorial. La controversia se intensificó luego de que el presidente Gustavo Petro declarara que Colombia "no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla" y que esta no ha sido adjudicada conforme al Protocolo de Río de Janeiro de 1934. El conflicto sumó un nuevo episodio el 12 de agosto, cuando autoridades peruanas detuvieron a dos contratistas colombianos que realizaban labores de topografía y batimetría para un proyecto de Invías en Leticia. El presidente Petro calificó la detención como "ilegal" y un "secuestro". Por su parte, la Cancillería del Perú rechazó las declaraciones de Petro, reafirmó su soberanía sobre la isla —que denomina Chinería— basándose en tratados históricos, y acusó a los colombianos de atentar contra la soberanía nacional. La tensión aumentó con un acto del precandidato presidencial Daniel Quintero, quien izó una bandera de Colombia en la isla, lo que fue calificado por Perú como una "provocación". La bandera fue retirada por autoridades peruanas, quienes a su vez izaron la suya bajo custodia militar.

El Congreso peruano, en respuesta, aprobó una moción para declarar a Quintero "persona no grata".

A pesar de la tensión, la canciller encargada de Colombia, Rosa Villavicencio, confirmó la participación de Perú en la Cumbre Amazónica en Bogotá, afirmando que "la diferencia no implica que haya mala relación".

En resumen

La disputa por la isla Santa Rosa ha generado una escalada de tensiones entre Colombia y Perú, con detenciones y actos provocadores que ponen a prueba las relaciones bilaterales. Aunque ambos gobiernos mantienen canales de diálogo abiertos, la controversia territorial en una zona estratégica del Amazonas sigue sin resolverse y se ha convertido en un punto focal de la política exterior colombiana.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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