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Fiscalía abre indagación preliminar contra excanciller Álvaro Leyva por presunta conspiración

La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una indagación preliminar contra el excanciller Álvaro Leyva Durán por una presunta conspiración para desestabilizar al gobierno del presidente Gustavo Petro. La investigación surge a raíz de denuncias formales presentadas por el propio mandatario, a través de su abogado, y por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quienes alertaron sobre posibles maniobras ilegales para apartar del poder al actual Ejecutivo. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia fue asignado para adelantar la investigación, enfocándose en determinar si existió un plan coordinado con fines políticos que pueda constituir un delito de menoscabo a la integridad nacional. Las acusaciones se basan en supuestas reuniones privadas de Leyva con sectores de oposición y en audios filtrados en los que el excanciller afirmaría la necesidad de "sacar a ese tipo" y mencionaría conversaciones con gremios y grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo para lograr un "gran acuerdo nacional". El abogado del presidente, Alejandro Carranza, sugirió incluso una posible conexión entre las declaraciones de Leyva y el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, argumentando que el excanciller "anticipó una narrativa de violencia política". La denuncia de Carranza afirma que las acciones de Leyva podrían constituir una "conspiración blanda" para romper el orden constitucional. La figura de Leyva, quien fue un alto funcionario del gabinete de Petro antes de su distanciamiento, añade un componente de alto interés público al caso. Mientras el oficialismo interpreta la apertura de la indagación como una confirmación de maniobras desestabilizadoras, sectores de la oposición la consideran una estrategia para desacreditar a los críticos del Gobierno. La Fiscalía ha manifestado que actuará con independencia para verificar la veracidad de los señalamientos.

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ai briefingEn resumen
La apertura de una indagación contra Álvaro Leyva por presunta conspiración marca una escalada en las tensiones políticas de Colombia. El caso, que involucra a un exministro y denuncias directas del presidente, pone a prueba la capacidad de la justicia para abordar acusaciones de desestabilización en un ambiente altamente polarizado.

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