Fiscalía abre indagación preliminar contra excanciller Álvaro Leyva por presunta conspiración

La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una indagación preliminar contra el excanciller Álvaro Leyva Durán por una presunta conspiración para desestabilizar al gobierno del presidente Gustavo Petro. La investigación surge a raíz de denuncias formales presentadas por el propio mandatario, a través de su abogado, y por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quienes alertaron sobre posibles maniobras ilegales para apartar del poder al actual Ejecutivo. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia fue asignado para adelantar la investigación, enfocándose en determinar si existió un plan coordinado con fines políticos que pueda constituir un delito de menoscabo a la integridad nacional. Las acusaciones se basan en supuestas reuniones privadas de Leyva con sectores de oposición y en audios filtrados en los que el excanciller afirmaría la necesidad de "sacar a ese tipo" y mencionaría conversaciones con gremios y grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo para lograr un "gran acuerdo nacional". El abogado del presidente, Alejandro Carranza, sugirió incluso una posible conexión entre las declaraciones de Leyva y el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, argumentando que el excanciller "anticipó una narrativa de violencia política". La denuncia de Carranza afirma que las acciones de Leyva podrían constituir una "conspiración blanda" para romper el orden constitucional. La figura de Leyva, quien fue un alto funcionario del gabinete de Petro antes de su distanciamiento, añade un componente de alto interés público al caso. Mientras el oficialismo interpreta la apertura de la indagación como una confirmación de maniobras desestabilizadoras, sectores de la oposición la consideran una estrategia para desacreditar a los críticos del Gobierno. La Fiscalía ha manifestado que actuará con independencia para verificar la veracidad de los señalamientos.

En resumen

La apertura de una indagación contra Álvaro Leyva por presunta conspiración marca una escalada en las tensiones políticas de Colombia. El caso, que involucra a un exministro y denuncias directas del presidente, pone a prueba la capacidad de la justicia para abordar acusaciones de desestabilización en un ambiente altamente polarizado.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más?

Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

Fiscalía abre indagación preliminar contra excanciller Álvaro Leyva por presunta conspiración

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