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Avanza investigación por magnicidio de Uribe Turbay con nuevos cargos

La investigación por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay ha avanzado significativamente en el ámbito judicial, con la Fiscalía General de la Nación imputando cargos más graves a los presuntos responsables. Tras el fallecimiento del precandidato presidencial, el ente acusador calificó el crimen como magnicidio y modificó la imputación inicial de homicidio en grado de tentativa a homicidio agravado consumado para cuatro de los capturados. Esta recalificación del delito implica un endurecimiento de las posibles penas, que podrían oscilar entre 33 y 50 años de prisión para los adultos implicados.

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Los procesados son Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’; Cristian Camilo González Ardila; Katherine Andrea Martínez Martínez, y William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’.

A los dos últimos también se les adicionó el cargo de concierto para delinquir agravado.

La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan para identificar y judicializar a los determinadores del crimen.

Paralelamente, el abogado de la familia Uribe, Víctor Mosquera, ha solicitado formalmente que el crimen sea declarado de lesa humanidad. Mosquera argumenta que el asesinato “no fue cometido de forma aislada, sino de manera sistemática contra miembros de la oposición”, vinculando el hecho con alias ‘El Zarco’, presunto miembro de la Segunda Marquetalia, según declaraciones de altos funcionarios del Gobierno.

Esta solicitud busca evitar la prescripción del caso y asegurar que la investigación llegue hasta los autores intelectuales.

En contraste, el menor de 15 años que admitió haber disparado contra el senador no será procesado por homicidio agravado, ya que su caso se encuentra en una fase más avanzada bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, enfrentando cargos por tentativa de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

ai briefingEn resumen
La justicia avanza en el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay con la formulación de cargos por homicidio agravado contra los implicados, mientras la familia busca que el crimen sea declarado de lesa humanidad para garantizar una investigación a fondo y evitar la impunidad de los autores intelectuales.

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