Pinilla afirmó haber entregado documentos, grabaciones y chats que sustentan las acusaciones contra congresistas y ministros.
Escándalo de la UNGRD salpica a ministros y congresistas por presunta compra de votos
La Corte Suprema de Justicia ha revelado nuevas pruebas en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que apuntan a un presunto esquema de compra de votos en el Congreso con la participación de ministros y altos funcionarios del Gobierno Petro. Las revelaciones, contenidas en un extenso informe, profundizan la crisis de gobernabilidad y la tensión entre los poderes ejecutivo y judicial. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema, en un documento de casi 800 páginas, concluyó que existen pruebas para inferir que funcionarios del Gobierno, incluyendo los ministros y exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y Diego Guevara, buscaron comprar los votos de seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. El objetivo habría sido asegurar la aprobación de cupos de endeudamiento a cambio de la asignación de contratos y proyectos canalizados a través de la UNGRD. La Corte compulsó copias a la Fiscalía para investigar penalmente a varios ministros, entre ellos los de Salud, Trabajo e Interior. En este contexto, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD y pieza clave del escándalo, solicitó formalmente que su audiencia de principio de oportunidad sea pública, argumentando que la transparencia es su “único blindaje” frente a amenazas e intentos de soborno que ha recibido por su colaboración con la justicia.



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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.




