Tensión diplomática entre Colombia y Perú escala por soberanía de la Isla Santa Rosa

Una disputa por la soberanía de la isla Santa Rosa en el río Amazonas ha escalado la tensión diplomática entre Colombia y Perú. El presidente Gustavo Petro ha desconocido la jurisdicción peruana sobre el territorio, mientras que incidentes como el izado de una bandera colombiana en la isla han agudizado el conflicto. El presidente Petro declaró oficialmente que “Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa”, argumentando que esta formación fluvial surgió después de la asignación binacional de islas de 1929 y, por tanto, su estatus debe definirse de común acuerdo. El mandatario calificó la creación del distrito peruano de Santa Rosa de Loreto en la isla como un “acto unilateral” que viola el Protocolo de Río de Janeiro de 1934. La tensión aumentó cuando ciudadanos colombianos izaron una bandera de tres metros en la isla, la cual fue retirada posteriormente por autoridades peruanas, un acto que el exalcalde local calificó de “provocación”. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha sostenido que la soberanía de su país “no estaba en conflicto” y que no había “nada que tratar con Colombia”. A pesar de la rigidez en las posturas, ambos gobiernos acordaron reunirse en la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera (COMPERIF) los días 11 y 12 de septiembre en Lima.

Petro advirtió que si el diálogo no funciona, acudirá a una “demanda internacional”.

La disputa tiene un trasfondo estratégico, pues cambios en el cauce del río amenazan con dejar a Leticia sin acceso directo al Amazonas.

En resumen

La disputa por la soberanía de la Isla Santa Rosa ha pasado de ser un diferendo latente a una confrontación diplomática activa, con ambos países reafirmando sus reclamos. La próxima reunión de la comisión bilateral será una prueba crucial para la diplomacia, con la amenaza de un litigio internacional si no se alcanza una solución negociada.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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