Condena a Álvaro Uribe agita la política y moviliza a sus seguidores

La condena a 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno en actuación penal ha sacudido el panorama judicial y político de Colombia. La histórica decisión judicial ha provocado masivas movilizaciones de sus seguidores y ha posicionado al exmandatario como una figura central de cara a las elecciones de 2026, a pesar de su reclusión. Tras la sentencia, Uribe formalizó su encarcelamiento en su residencia de Rionegro, Antioquia, desde donde emitió un mensaje en el que llamó a elegir un “gobierno de transición” en 2026 para derrotar la “naciente mordaza neocomunista”. Esta declaración evidencia su intención de convertir su condena en una plataforma política. En respuesta al fallo, el Centro Democrático y sus simpatizantes convocaron a la “Gran marcha nacional” el 7 de agosto, que congregó a miles de personas en más de 25 ciudades del país y del exterior bajo consignas como “Uribe inocente”. La defensa del expresidente ha criticado el fallo, argumentando que fue condenado “sin pruebas” directas y basándose en “meras inferencias” de la jueza. El proceso de apelación ya está en curso ante el Tribunal Superior de Bogotá, que deberá resolver antes del 16 de octubre para evitar la prescripción del caso. La situación ha profundizado la polarización, con sectores de izquierda celebrando el fallo como un hito contra la impunidad y el uribismo denunciando una persecución política.

En resumen

La condena contra el expresidente Álvaro Uribe ha cristalizado las divisiones políticas de Colombia, provocando una masiva reacción de apoyo en las calles. Mientras inicia su detención domiciliaria, Uribe se reposiciona como un líder en resistencia, transformando su revés judicial en un potente motor de movilización para la oposición con miras a las elecciones de 2026.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más?

Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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