Sectores del Pacto Histórico argumentan que dicho término ya venció, por lo que cualquier decisión de fondo sería ilegal. Sin embargo, los magistrados ponentes aseguran que el proceso tuvo "pausas institucionales" que deben contabilizarse, manteniendo así la vigencia de la facultad del CNE para fallar. Este argumento será el primer obstáculo que deberá superar la ponencia antes de que los nueve magistrados de la sala plena voten sobre el fondo del asunto. La investigación no involucra directamente al presidente Petro, ya que su fuero lo sitúa bajo la jurisdicción exclusiva de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. No obstante, una decisión de formular cargos contra la campaña tendría un alto impacto político, alimentando la narrativa de la oposición y abriendo la puerta a que la defensa acuda a las altas cortes para frenar las sanciones. Por el contrario, si el caso se archiva por vencimiento de términos, la oposición podría acusar al CNE de debilitar los controles al financiamiento electoral.
Consejo Nacional Electoral se prepara para votación clave sobre financiación de la campaña Petro 2022
El futuro de la investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 está en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE), que se reunirá a puerta cerrada el 14 de agosto para una votación decisiva. La ponencia, liderada por los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), sostiene que hubo violación de los topes de gasto y que se deben aplicar sanciones. El debate se centra en un punto jurídico crucial: la caducidad de la investigación. La ley establece un plazo de tres años para indagar irregularidades en campañas.



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Su hoja de ruta incluye plataformas anticorrupción, talleres ciudadanos y ampliación de servicios esenciales en zonas con rezagos históricos. Plantea energías renovables, impulso a emprendimientos rurales, proyectos turísticos de gran escala y recuperación de la Ciénaga Grande. La propuesta busca consolidar alianzas para modernizar el aparato institucional y fortalecer la competitividad departamental. Luis Augusto Santana […] La entrada Luis Santana, el gerente que compite por la Gobernación del Magdalena se publicó primero en Opinion Caribe.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.




