Este proceso, descrito como "socio-jurídico", enfrenta desafíos considerables.

Mientras el gobierno exige el sometimiento a la justicia, el Clan del Golfo buscaría beneficios como amnistías y no extradición, un trato similar al de las guerrillas políticas. El alto comisionado de Paz, Otty Patiño, ha reconocido que la política de paz total, aunque viva, carece de un marco legal claro y una institucionalidad robusta, lo que ha limitado los resultados de las múltiples mesas de diálogo abiertas. Críticos como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, han señalado que la medida favorece a estructuras criminales. A pesar de estos diálogos, el Gobierno mantiene la ofensiva militar, habiendo desplegado 16,000 soldados adicionales a mediados de 2025 para intensificar las operaciones contra este y otros grupos armados.