El presidente Gustavo Petro ha confirmado el inicio de conversaciones de paz fuera de Colombia con el Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia. Este movimiento representa un avance significativo en la política de "Paz Total", que busca el sometimiento a la justicia de grupos armados sin estatus político. El mandatario anunció que los diálogos se enmarcan en un proyecto de ley presentado al Congreso, centrado en la justicia restaurativa y basado en los pilares de "verdad, justicia y reparación". Petro enfatizó la necesidad de "quitar las finanzas que hacen arder la violencia", subrayando que su gobierno ha incautado más cocaína que administraciones anteriores.
Este proceso, descrito como "socio-jurídico", enfrenta desafíos considerables.
Mientras el gobierno exige el sometimiento a la justicia, el Clan del Golfo buscaría beneficios como amnistías y no extradición, un trato similar al de las guerrillas políticas. El alto comisionado de Paz, Otty Patiño, ha reconocido que la política de paz total, aunque viva, carece de un marco legal claro y una institucionalidad robusta, lo que ha limitado los resultados de las múltiples mesas de diálogo abiertas. Críticos como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, han señalado que la medida favorece a estructuras criminales. A pesar de estos diálogos, el Gobierno mantiene la ofensiva militar, habiendo desplegado 16,000 soldados adicionales a mediados de 2025 para intensificar las operaciones contra este y otros grupos armados.
En resumenEl inicio de diálogos formales con el Clan del Golfo marca un punto de inflexión en la estrategia de 'Paz Total' del Gobierno. Aunque representa una oportunidad para desmantelar una de las mayores estructuras criminales del país, el proceso enfrenta complejos desafíos jurídicos, políticos y de seguridad.