La crisis evidenció las profundas tensiones entre las políticas ambientales del gobierno y las realidades económicas de las comunidades rurales.
Paro de mineros y campesinos en Boyacá culmina con acuerdos clave tras paralizar el departamento
Un paro multisectorial que paralizó Boyacá durante cinco días, liderado por mineros del carbón y campesinos de zonas de páramo, fue levantado tras alcanzar acuerdos significativos con el Gobierno Nacional. La protesta, que incluyó bloqueos en vías estratégicas como la que conecta Bogotá con Tunja, generó pérdidas económicas estimadas en 6.000 millones de pesos diarios y obligó a cancelar eventos como una etapa de la Vuelta a Colombia y a trasladar la conmemoración del 7 de agosto a Leticia. Los mineros del carbón lograron un pacto que incluye el pago de deudas por parte de la empresa Gensa, la garantía de no imponer nuevos impuestos al sector y la creación de una hoja de ruta para una "transición energética justa" que involucre a la pequeña minería. El presidente Gustavo Petro celebró el acuerdo, afirmando que la organización de los mineros para "pasar de la extracción a la generación de energía solar, con la ayuda del estado, es un ejemplo para el mundo". Por su parte, los campesinos parameros también llegaron a un acuerdo de 10 puntos que garantiza su permanencia y producción agrícola en la alta montaña, además de la revisión de resoluciones ambientales que limitaban sus actividades, como la delimitación del páramo de El Cocuy. El gobernador Carlos Amaya, quien actuó como mediador, destacó que la solución se logró a través del diálogo y sin el uso de la fuerza pública, evitando una confrontación social.



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Su hoja de ruta incluye plataformas anticorrupción, talleres ciudadanos y ampliación de servicios esenciales en zonas con rezagos históricos. Plantea energías renovables, impulso a emprendimientos rurales, proyectos turísticos de gran escala y recuperación de la Ciénaga Grande. La propuesta busca consolidar alianzas para modernizar el aparato institucional y fortalecer la competitividad departamental. Luis Augusto Santana […] La entrada Luis Santana, el gerente que compite por la Gobernación del Magdalena se publicó primero en Opinion Caribe.

Tras años de presencia en debates jurídicos y en procesos de participación ciudadana, presenta un programa centrado en sostenibilidad, conectividad, economía y desarrollo social. Su propuesta para la Gobernación del Magdalena incluye metas ambientales, mejoramiento de vías terciarias, impulso al turismo y espacios para educación y juventud. Miguel Ignacio Martínez Olano, conocido como el ‘Mono’ […] La entrada Miguel Martínez Olano: del activismo a la contienda por la Gobernación del Magdalena se publicó primero en Opinion Caribe.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.




