Disputa por soberanía de la isla Santa Rosa eleva tensión diplomática entre Colombia y Perú
Una creciente tensión diplomática se ha desatado entre Colombia y Perú por la soberanía de la isla Santa Rosa, una formación fluvial en el río Amazonas. El conflicto escaló después de que el presidente Gustavo Petro acusara a Perú de "copar un territorio que es de Colombia" y de violar el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, al crear unilateralmente por ley el distrito de Santa Rosa de Loreto en una isla no asignada. Como un acto de reafirmación de la soberanía, Petro trasladó la conmemoración de la Batalla de Boyacá del 7 de agosto a Leticia, ciudad fronteriza que, según él, podría "desaparecer como puerto amazónico" si Colombia pierde el acceso al canal principal del río. La Cancillería colombiana ha presentado "contundentes notas de protesta" y ha solicitado la reactivación de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera (COMPERIF), que no se reúne desde 2017, para definir la soberanía de las islas surgidas después del tratado de 1929. El gobierno peruano, por su parte, ha rechazado las acusaciones, afirmando que ejerce soberanía sobre la isla "hace más de un siglo" y que su actuación se enmarca en el derecho internacional. El ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió que la situación podría "ponerse fea" si no se resuelve por la vía diplomática, mientras el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo un llamado al diálogo, calificando la diplomacia como "el lenguaje de los pueblos hermanos". Ambos países han acordado reunirse en la COMPERIF el 11 y 12 de septiembre en Lima.



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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.




