A raíz de estos hallazgos, el alto tribunal compulsó copias a la Fiscalía para que investigue a once funcionarios y exfuncionarios más, incluyendo al actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a los exministros Mauricio Lizcano y Gloria Inés Ramírez. La situación se complica con la negativa de un juez a conceder un principio de oportunidad a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y la solicitud de circular roja de Interpol para Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, quien se encuentra prófugo. Este entramado de corrupción pone en jaque la credibilidad del Ejecutivo y el Legislativo, y evidencia una profunda crisis institucional.