La defensa de Uribe, que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, argumenta que se vulneraron garantías procesales y la presunción de inocencia, especialmente con la orden de detención inmediata. El propio Uribe, desde su reclusión, ha afirmado que continuará su "lucha contra la naciente mordaza neocomunista", enmarcando su situación judicial como una batalla ideológica que definirá las elecciones de 2026. La condena, por tanto, no solo redefine el futuro judicial de Uribe, sino que se convierte en el epicentro de la contienda política venidera, con el riesgo de que el caso prescriba si no hay un fallo en segunda instancia antes de octubre de 2025.