La justicia colombiana ha marcado un hito sin precedentes con la condena en primera instancia del expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria, una decisión que ha sacudido los cimientos del poder político y ha intensificado la ya profunda polarización del país. La jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, encontró a Uribe culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, imponiéndole además una multa superior a los 3.400 millones de pesos y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por más de ocho años. Esta sentencia, la primera de carácter penal contra un exmandatario en la historia de Colombia, ha sido interpretada de maneras diametralmente opuestas. Para los sectores de izquierda y las víctimas del conflicto, representa una victoria contra la impunidad y un avance en la rendición de cuentas de las élites, como lo celebró el senador Iván Cepeda, contraparte en el juicio. Por otro lado, el uribismo y sus aliados, incluyendo al expresidente Andrés Pastrana, han calificado el fallo como una "persecución política" y un acto de "lawfare" (guerra jurídica) orquestado por sus adversarios.
La defensa de Uribe, que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, argumenta que se vulneraron garantías procesales y la presunción de inocencia, especialmente con la orden de detención inmediata. El propio Uribe, desde su reclusión, ha afirmado que continuará su "lucha contra la naciente mordaza neocomunista", enmarcando su situación judicial como una batalla ideológica que definirá las elecciones de 2026. La condena, por tanto, no solo redefine el futuro judicial de Uribe, sino que se convierte en el epicentro de la contienda política venidera, con el riesgo de que el caso prescriba si no hay un fallo en segunda instancia antes de octubre de 2025.
En resumenLa condena contra Álvaro Uribe es un evento judicial histórico que profundiza la polarización en Colombia. Mientras sus opositores lo ven como un triunfo de la justicia, sus seguidores lo consideran una persecución política, convirtiendo el proceso de apelación en un factor determinante para el panorama electoral de 2026.
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