La defensa de Uribe, que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, argumenta que se vulneraron garantías procesales y la presunción de inocencia, especialmente con la orden de detención inmediata. El propio Uribe, desde su reclusión, ha afirmado que continuará su "lucha contra la naciente mordaza neocomunista", enmarcando su situación judicial como una batalla ideológica que definirá las elecciones de 2026. La condena, por tanto, no solo redefine el futuro judicial de Uribe, sino que se convierte en el epicentro de la contienda política venidera, con el riesgo de que el caso prescriba si no hay un fallo en segunda instancia antes de octubre de 2025.
Histórica condena contra el expresidente Álvaro Uribe agudiza la polarización política
La justicia colombiana ha marcado un hito sin precedentes con la condena en primera instancia del expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria, una decisión que ha sacudido los cimientos del poder político y ha intensificado la ya profunda polarización del país. La jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, encontró a Uribe culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, imponiéndole además una multa superior a los 3.400 millones de pesos y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por más de ocho años. Esta sentencia, la primera de carácter penal contra un exmandatario en la historia de Colombia, ha sido interpretada de maneras diametralmente opuestas. Para los sectores de izquierda y las víctimas del conflicto, representa una victoria contra la impunidad y un avance en la rendición de cuentas de las élites, como lo celebró el senador Iván Cepeda, contraparte en el juicio. Por otro lado, el uribismo y sus aliados, incluyendo al expresidente Andrés Pastrana, han calificado el fallo como una "persecución política" y un acto de "lawfare" (guerra jurídica) orquestado por sus adversarios.



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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.




