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Corte Suprema pide investigar a ministros y exfuncionarios por corrupción en la UNGRD

El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha escalado hasta las más altas esferas del Gobierno, después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsara copias a la Fiscalía para investigar a once altos funcionarios y exfuncionarios de la administración Petro. La decisión se basa en evidencias que sugieren la existencia de una “negociación criminal” para comprar votos de congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de contratos y proyectos gestionados a través de la UNGRD. Entre los señalados por la Corte se encuentran el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los exministros Mauricio Lizcano (TIC), Gloria Inés Ramírez (Trabajo), Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), además de otros altos cargos como el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, actualmente prófugo. Según la investigación, revelada por W Radio, altos funcionarios del Ministerio de Hacienda, incluyendo al entonces ministro Bonilla y al viceministro Diego Guevara, habrían conocido y autorizado un plan para gestionar proyectos en la UNGRD a favor de los congresistas para asegurar su voto favorable en la aprobación de cupos de endeudamiento para la Nación. Un chat clave muestra a Bonilla autorizando a su asesora María Alejandra Benavides y al viceministro Guevara a “mover” los proyectos de los congresistas.

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Este desarrollo representa un drástico cambio en el balance de poder, con la rama judicial ejerciendo un contundente control sobre el ejecutivo y el legislativo, y poniendo en jaque la narrativa anticorrupción del Gobierno del Cambio.

ai briefingEn resumen
La Corte Suprema de Justicia ha intensificado la crisis de la UNGRD al solicitar a la Fiscalía que investigue a ministros y exministros del gobierno Petro por una presunta trama de compra de votos a congresistas, evidenciando un profundo quiebre institucional y un avance significativo del poder judicial sobre el ejecutivo.

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