El Gobierno colombiano ha adoptado una postura de firmeza diplomática frente a Perú por la soberanía de la isla Santa Rosa, un territorio fluvial en el río Amazonas. La tensión escaló cuando el presidente Gustavo Petro anunció el traslado de la conmemoración de la Batalla de Boyacá del 7 de agosto a Leticia, como un acto de soberanía y en respuesta a lo que calificó como una “violación del Protocolo de Río de Janeiro” por parte de Perú, acusando a este país de “copar un territorio que es de Colombia”. En una declaración oficial leída desde la capital amazónica, el Estado colombiano afirmó que “no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa”, argumentando que esta formación fluvial surgió después de la única asignación binacional de islas en 1929 y, por lo tanto, su estatus debe definirse de común acuerdo. La creación por ley del distrito peruano de Santa Rosa de Loreto fue calificada como un “acto unilateral” que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió que la situación “se podría poner fea” si no se resuelve por canales diplomáticos.
A pesar de la firmeza, el Gobierno colombiano ha reiterado su disposición al diálogo y recibió con beneplácito la invitación de Perú para reactivar la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera (COMPERIF) el 11 y 12 de septiembre. Este episodio representa un cambio significativo en la política exterior, donde el presidente Petro ejerce una defensa activa de la soberanía territorial, utilizando actos simbólicos de alto perfil para sentar una posición de Estado, similar a su estrategia con la frontera marítima en San Andrés.
En resumenEl presidente Petro ha intensificado la disputa diplomática con Perú por la isla Santa Rosa, trasladando la conmemoración del 7 de agosto a Leticia como un acto de soberanía. Aunque se privilegia el diálogo, la postura firme de Colombia marca un cambio en la dinámica de poder en la relación bilateral.