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Gobierno y mineros de Boyacá logran acuerdo que levanta el paro

Tras cuatro días de intensos bloqueos que paralizaron vías estratégicas en Boyacá y Cundinamarca, el Gobierno Nacional y los representantes de la pequeña y mediana minería del carbón alcanzaron un acuerdo que puso fin al paro. La protesta, que generó pérdidas diarias estimadas en 6.000 millones de pesos y afectó gravemente el transporte de alimentos y la movilidad, fue motivada por la incertidumbre económica del sector ante la política de transición energética del presidente Gustavo Petro, deudas pendientes de la termoeléctrica Gensa y la prohibición de exportar carbón a Israel. El acuerdo, anunciado por el propio presidente Petro en su cuenta de X, se centra en una “transición energética para la pequeña minería del carbón en Boyacá” que será construida de manera concertada con las comunidades. La negociación, que se llevó a cabo en Paipa con la mediación del gobernador Carlos Amaya y los ministros de Minas y Energía, y Hacienda, establece compromisos concretos. Entre ellos se destacan la compra de 60.000 toneladas de carbón por parte de Gensa en los próximos tres meses, el pago de deudas atrasadas por más de 13 mil millones de pesos, la exención de IVA y nuevos impuestos para pequeños productores, y la creación de mesas técnicas para la formalización minera y la búsqueda de nuevos mercados internacionales. Este pacto representa un cambio de poder significativo, donde un sector productivo regional logró, mediante la presión social, que el Gobierno ajustara su política macroeconómica y de transición energética, reconociendo la necesidad de un enfoque gradual y concertado que no deje desprotegidas a las economías locales. La resolución del conflicto a través del diálogo, sin intervención de la fuerza pública, fue destacada por actores como el exalcalde de Duitama, José Luis Bohórquez, quien celebró que se levantara el paro “sin sacarle un ojo a nadie”.

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ai briefingEn resumen
El paro minero en Boyacá concluyó tras un acuerdo con el Gobierno que incluye la compra de carbón, el pago de deudas y una hoja de ruta para una transición energética concertada, demostrando el poder de la movilización social para influir en políticas nacionales.

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