
Condena a Uribe moviliza al país y reconfigura el panorama para 2026
La condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal ha catalizado una significativa reconfiguración del poder político y social en Colombia. La decisión judicial, emitida por la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Heredia, no solo representa un hito en la historia judicial del país al ser el primer exmandatario condenado, sino que también ha servido como un potente aglutinador para la oposición, que ha cerrado filas en su defensa y ha convocado a masivas movilizaciones a nivel nacional e internacional. El 7 de agosto, miles de simpatizantes salieron a las calles en más de 25 ciudades bajo la consigna #UribeInocente, en una demostración de fuerza que el uribismo interpreta como un rechazo popular a lo que consideran una “persecución judicial y política”. Desde su reclusión, Uribe ha capitalizado este apoyo, emitiendo un mensaje con un claro tinte electoral en el que llamó a elegir un “gobierno de transición que proyecte con estabilidad a largo plazo el futuro democrático de la nación” en 2026. Este llamado busca enmarcar la próxima contienda presidencial como un plebiscito sobre el actual gobierno y el rumbo del país, posicionando a su movimiento como la única alternativa para “derrotar la naciente mordaza neocomunista”. La respuesta del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar, calificando de “traidores a la patria” a los congresistas que buscan apoyo en Estados Unidos para presionar a la justicia colombiana. Este choque de narrativas evidencia la profunda polarización que la condena ha exacerbado, convirtiendo el fallo judicial en el primer gran acto de la campaña presidencial de 2026 y redefiniendo las lealtades y estrategias en el espectro de la derecha colombiana.



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