Desde su creación en 2006, los usuarios han pagado cerca de 92 billones de pesos por este concepto.
Sin embargo, el ministro Palma denunció distorsiones en el mercado, afirmando que el cargo representa una "ganancia exorbitante" para algunos generadores. Reveló que, a pesar de que los embalses están llenos, hubo horas en junio y julio donde el precio de la energía en bolsa superó hasta diez veces su costo real.
"El Estado no puede ser un espectador; debe corregir los defectos del mercado", sentenció Palma.
Las seis propuestas de reforma, que se incluirían en la Proposición 185 de 2025, son: priorizar energías limpias, establecer una remuneración diferenciada por tecnología y antigüedad, enfocar el cargo solo en recursos que ofrezcan respaldo real, limitar el tiempo de pago para tecnologías que ya recuperaron su inversión, implementar los cambios de forma progresiva y separar la variable de confiabilidad de la tarifa para mayor transparencia. Con esta reforma, el ministerio busca una transformación estructural del sistema eléctrico, marcando un "punto de inflexión en la política energética del país" que prime la equidad y la sostenibilidad.