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Escándalo UNGRD se expande y salpica a ministros y exfuncionarios del Gobierno Petro

La Corte Suprema de Justicia solicitó a la Fiscalía investigar a once altos funcionarios y exfuncionarios del Gobierno, incluyendo al ministro de Salud, por su presunta conexión con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esta decisión judicial intensifica la presión sobre el Ejecutivo y revela la profundidad de la presunta red de direccionamiento de contratos a cambio de favores políticos. La compulsa de copias, originada en el despacho del magistrado Misael Rodríguez, incluye al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a exministros como Mauricio Lizcano (TIC), Gloria Inés Ramírez (Trabajo), Luis Fernando Velasco (Interior), y Ricardo Bonilla (Hacienda), entre otros. La investigación se deriva de las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien señaló que en la Comisión de Crédito Público del Congreso se habrían agilizado contratos para aliados del gobierno a cambio de votos para aprobar créditos de la Nación. Este nuevo capítulo del escándalo se suma a la solicitud de la Fiscalía a Interpol para emitir una circular roja contra Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y de la DNI, quien se encuentra prófugo y es considerado uno de los protagonistas del caso. La fiscal María Cristina Patiño advirtió que es altamente probable que González "no tenga la intención de someterse a la investigación". Mientras tanto, el exministro Lizcano ha negado su participación, asegurando que nunca asistió a reuniones donde "se hablara de repartijas o torcidos en la UNGRD". El caso también ha sufrido reveses judiciales, como la negativa de una jueza a aprobar el principio de oportunidad para Olmedo López, lo que pone en riesgo la validez de su colaboración y la revelación completa de la matriz que involucra a altos funcionarios y congresistas.

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ai briefingEn resumen
El escándalo de corrupción en la UNGRD ha escalado hasta los más altos niveles del Gobierno Petro, con la Corte Suprema solicitando investigar a un ministro en funciones y a varios exministros. La medida judicial, sumada a la solicitud de circular roja contra un exfuncionario clave prófugo, evidencia la magnitud de la presunta red de corrupción y aumenta la presión sobre el Ejecutivo para esclarecer los hechos y asumir responsabilidades políticas.

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