En contraste, el partido Centro Democrático ha convocado a una jornada nacional de marchas para el 7 de agosto bajo el lema #UribeInocente, calificando la sentencia como "injusta" y un ataque a la democracia. Por su parte, el senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso, ha manifestado que la condena es una respuesta al clamor de las víctimas del paramilitarismo y que llegará "hasta el tribunal del fin de los tiempos, si es necesario". El propio Uribe, en sus primeras declaraciones, cuestionó la imparcialidad de varios funcionarios judiciales que intervinieron en su caso, afirmando que "se debieron declarar impedidos y no lo hicieron". Este veredicto abre un nuevo capítulo en la política colombiana, donde el uribismo busca transformar la condena en un capital político, mientras sus contradictores lo ven como un paso crucial contra la impunidad.