La sentencia también impone una multa millonaria y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por más de ocho años. La defensa del exmandatario, liderada por el abogado Jaime Granados, anunció de inmediato que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá y, adicionalmente, interpuso una acción de tutela para suspender la detención, alegando la violación de derechos fundamentales como la presunción de inocencia. Las reacciones no se hicieron esperar: el presidente Gustavo Petro calificó la denuncia de Uribe de ser apátridas a quienes hacen "lobby" en Estados Unidos para presionar a la justicia, mientras que el partido Centro Democrático y sus aliados, como el representante Hernán Cadavid, convocaron a movilizaciones nacionales para el 7 de agosto en respaldo al exmandatario, argumentando que se trata de una persecución política. El senador Iván Cepeda, víctima acreditada en el proceso, sostuvo que "es un comportamiento usual del expresidente Álvaro Uribe Vélez presionar a la justicia cuando las decisiones no le son favorables". La controversia ha escalado al plano internacional, con críticas de congresistas republicanos de Estados Unidos y un editorial del Wall Street Journal que cuestionó el uso de pruebas obtenidas ilegalmente, lo que añade una capa de presión externa sobre el sistema judicial colombiano.