Las comunidades beneficiadas con la formalización de sus resguardos son los Kankuamo, Nasa, Piapoco, Sikuani, Misak, Pasto-Quillasinga y los Inga. Esta acción se enmarca en los esfuerzos del Gobierno por saldar deudas históricas con las comunidades étnicas y avanzar en la distribución y formalización de la tierra, uno de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo. La decisión busca garantizar la seguridad jurídica sobre los territorios ancestrales, permitiendo a estas comunidades fortalecer su autonomía, proteger sus ecosistemas y desarrollar sus planes de vida de acuerdo con sus usos y costumbres. Aunque no se detallaron las ubicaciones específicas de los predios, la medida impacta a pueblos indígenas con presencia en diversas regiones del país, desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el sur del país en Nariño y Cauca.