El fallo ha provocado una fuerte polarización nacional y ha escalado a una crisis diplomática por las declaraciones de funcionarios estadounidenses. Tras el veredicto, el senador estadounidense Marco Rubio y otros congresistas republicanos calificaron la decisión como una "persecución política" y una "instrumentalización del poder judicial", erosionando la confianza en la justicia colombiana. Estas afirmaciones generaron una contundente respuesta del gobierno de Gustavo Petro, quien rechazó la "intromisión" y pidió a Estados Unidos "no entrometerse en la justicia de mi país". En este contexto de alta tensión, la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado rechazando las "injerencias indebidas" y las expresiones que deslegitiman los fallos judiciales, advirtiendo que estas pueden poner en riesgo la vida de los jueces. A su vez, las víctimas acreditadas en el proceso, lideradas por el senador Iván Cepeda, alertaron a la ONU y a la CIDH sobre las "graves presiones de autoridades de Estados Unidos" contra la independencia judicial. El caso ha puesto de manifiesto una profunda división en el país. Mientras el Centro Democrático y sus precandidatos denuncian sesgos políticos, el abogado Abelardo De La Espriella convocó a una marcha nacional el 10 de agosto en rechazo al fallo.
Por otro lado, Juan David Díaz, hijo del exalcalde Eudaldo Díaz, asesinado por paramilitares, afirmó que la condena "de manera indirecta nos brinda justicia". La defensa de Uribe apelará la decisión el 11 de agosto.