El decreto adopta el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, que reorganiza el sistema en torno a Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS) y establece los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) como la puerta de entrada para todos los usuarios. En este nuevo esquema, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) se transforman en "gestoras de salud", perdiendo el manejo de los recursos financieros, que ahora serán administrados directamente por la ADRES. La decisión se tomó horas después de que el senador liberal Miguel Ángel Pinto, opositor a la reforma, fuera elegido presidente de la Comisión Séptima del Senado, rompiendo los acuerdos políticos que le otorgaban dicho cargo al partido Comunes. La representante Nadia Blel calificó la medida como una "incoherencia total" y una "falta de respeto a la institucionalidad". El representante Andrés Forero anunció que demandará la "arbitrariedad" del decreto. Desde la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), su presidenta Ana María Vesga advirtió que la medida presenta problemas de constitucionalidad y que el gremio acudirá a "los caminos judiciales". Vesga alertó que el nuevo modelo "puede ser peor", ya que desdibuja funciones esenciales de las EPS y no resuelve los problemas de fondo del sistema. A pesar de las críticas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó optimismo, afirmando que existe una "nueva era de entendimiento" y que confía en que la reforma será aprobada en el Congreso.