Los senadores Alfredo Deluque y Alejandro Chacón lideraron la citación a los ministros de Comercio, Defensa y Relaciones Exteriores para que expliquen los alcances del acuerdo, que abarcaría Norte de Santander por Colombia y los estados de Táchira y Zulia por Venezuela. La principal inquietud en el Congreso es la falta de estudios previos y la ausencia de consulta con autoridades locales y gobernadores de los departamentos fronterizos. Además, se exigen claridades sobre los mecanismos de control para evitar que la zona sea aprovechada por economías ilegales. El gobierno de Gustavo Petro ha defendido el acuerdo, asegurando que “no se trata de ceder soberanía”, sino de crear condiciones económicas y sociales para que los pueblos fronterizos prosperen. Sin embargo, expertos como Ricardo Abello, profesor de la Universidad del Rosario, advierten que el memorando tiene las características de un tratado internacional y, por tanto, requiere aprobación del Congreso y revisión de la Corte Constitucional. Abello también señaló que el acuerdo es “jurídicamente riesgoso” porque podría reavivar disputas territoriales históricas no resueltas, especialmente en la frontera marítima de La Guajira.